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Se aprueba el régimen financiero de la Ley de Dependencia...
La Ley de Dependencia dio ayer un nuevo paso, y van unos cuantos, hacia su aplicación real entre los ciudadanos. El Consejo de Ministros aprobó el decreto que sustenta la base financiera del sistema de atención a los dependientes (SAAD) y las condiciones laborales para los cuidadores familiares, que podrán ser amigos o vecinos del discapacitado cuando éste no pueda recurrir a los parientes.
El Gobierno sancionó así los acuerdos adoptados esta semana por el Consejo Territorial de la Dependencia y avanza en el desarrollo reglamentario de la ley. Así, el decreto antes aludido regula la financiación garantizada por el Ejecutivo para que haya un nivel mínimo de atención a los dependientes igual en todo el Estado.
En este nivel básico, el Ministerio de Trabajo pagará 250 euros al mes a las Comunidades por cada gran dependiente de nivel II -los más incapacitados-, y 170 euros por los de nivel I, algo menos graves. Este dinero se suma a los 220 millones que distribuirá entre las autonomías para completar la aportación de la administración central al sistema, presupuestada en torno a 450 millones de euros para este año.
Pero el usuario no va a ver ni a percibir estos euros, como podrían hacer creer los anuncios del Ejecutivo. Son cuentas entre administraciones. Al usuario lo que le atañe es que, una vez catalogado como dependiente, su comunidad deberá prestarle los servicios acordados según su grado de discapacidad. Este año, sólo a los grandes dependientes de nivel I y II, unos 200.000 en toda España. Deberá buscarle una residencia, o un asistente personal, bien centros de día o de noche, ayuda a domicilio, teleasistencia... lo que requiera cada caso. La factura de esa atención a medida la pagarán el Estado y el dependiente en la parte que le toque según su nivel económico, aunque aún no se ha fijado un régimen de copago único para todo el territorio.
Sólo en el caso de que los servicios sociales autonómicos no le puedan prestar los servicios, el dependiente recibirá dinero en metálico destinado a contratar por su cuenta esas ayudas: 780 euros al mes para los grandes dependientes de nivel II, ó 585 para el nivel I. Y si la atención se la presta en el hogar un miembro de su familia, el cuidador -podrán serlo el cónyuge del dependiente, hijos o parientes por consanguinidad, vínculo político o adopción hasta el tercer grado (si no hay parientes, un vecino o amigo)-, cobrará de la administración un sueldo mensual de 487 euros (nivel II) ó 390 euros (nivel I) netos y deberán darse de alta en la Seguridad Social.
El Gobierno sancionó así los acuerdos adoptados esta semana por el Consejo Territorial de la Dependencia y avanza en el desarrollo reglamentario de la ley. Así, el decreto antes aludido regula la financiación garantizada por el Ejecutivo para que haya un nivel mínimo de atención a los dependientes igual en todo el Estado.
En este nivel básico, el Ministerio de Trabajo pagará 250 euros al mes a las Comunidades por cada gran dependiente de nivel II -los más incapacitados-, y 170 euros por los de nivel I, algo menos graves. Este dinero se suma a los 220 millones que distribuirá entre las autonomías para completar la aportación de la administración central al sistema, presupuestada en torno a 450 millones de euros para este año.
Pero el usuario no va a ver ni a percibir estos euros, como podrían hacer creer los anuncios del Ejecutivo. Son cuentas entre administraciones. Al usuario lo que le atañe es que, una vez catalogado como dependiente, su comunidad deberá prestarle los servicios acordados según su grado de discapacidad. Este año, sólo a los grandes dependientes de nivel I y II, unos 200.000 en toda España. Deberá buscarle una residencia, o un asistente personal, bien centros de día o de noche, ayuda a domicilio, teleasistencia... lo que requiera cada caso. La factura de esa atención a medida la pagarán el Estado y el dependiente en la parte que le toque según su nivel económico, aunque aún no se ha fijado un régimen de copago único para todo el territorio.
Sólo en el caso de que los servicios sociales autonómicos no le puedan prestar los servicios, el dependiente recibirá dinero en metálico destinado a contratar por su cuenta esas ayudas: 780 euros al mes para los grandes dependientes de nivel II, ó 585 para el nivel I. Y si la atención se la presta en el hogar un miembro de su familia, el cuidador -podrán serlo el cónyuge del dependiente, hijos o parientes por consanguinidad, vínculo político o adopción hasta el tercer grado (si no hay parientes, un vecino o amigo)-, cobrará de la administración un sueldo mensual de 487 euros (nivel II) ó 390 euros (nivel I) netos y deberán darse de alta en la Seguridad Social.
