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Las asociaciones piden más medios para que la ley no se convierta en papel mojado...
Las asociaciones que agrupan a las familias con personas dependientes a su cargo recuerdan que, para que suponga una mejora real, la ley debe acompañarse de inversiones. Así, una de las prestaciones previstas es la asistencia en centros de día. Sin embargo, actualmente «sólo contamos con un centro de estas características en toda la Región para los discapacitados físicos», lamenta Carmen Gil, presidenta de Famdif.
Los discapacitados intelectuales, por contra, sí disponen de numerosas residencias de este tipo. El problema es que, por esta razón, muchos se están quedando fuera de la prestación estrella del nuevo sistema: el sueldo de entre 500 y 600 euros mensuales para los cuidadores de las personas dependientes.
«La ley nacional deja claro que sólo hay incompatibilidad entre las dos prestaciones si el paciente vive en una residencia, pero no si acude a un centro de día», advierte Joaquín Barberá, vicepresidente de Feaps. Sin embargo, en estos momentos se acumulan centenares de expedientes sin resolver a la espera de que la Comunidad Autónoma tome una decisión. El Gobierno regional tiene todavía que elaborar un reglamento en el que aclare esta duda y establezca cómo va a desarrollarse el sistema de copago. Es decir, qué parte de los servicios que se incluyen en el sistema de la Dependencia debe financiar la propia familia.
Los discapacitados intelectuales, por contra, sí disponen de numerosas residencias de este tipo. El problema es que, por esta razón, muchos se están quedando fuera de la prestación estrella del nuevo sistema: el sueldo de entre 500 y 600 euros mensuales para los cuidadores de las personas dependientes.
«La ley nacional deja claro que sólo hay incompatibilidad entre las dos prestaciones si el paciente vive en una residencia, pero no si acude a un centro de día», advierte Joaquín Barberá, vicepresidente de Feaps. Sin embargo, en estos momentos se acumulan centenares de expedientes sin resolver a la espera de que la Comunidad Autónoma tome una decisión. El Gobierno regional tiene todavía que elaborar un reglamento en el que aclare esta duda y establezca cómo va a desarrollarse el sistema de copago. Es decir, qué parte de los servicios que se incluyen en el sistema de la Dependencia debe financiar la propia familia.
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